Carta al futuro ministro de Cultura
Dicho sin rodeos y en unos términos que entendibles desde una fría tribuna política: según un estudio de la UNESCO, la cultura es más rentable que las telecomunicaciones.
El 3 por ciento del PIB global, esto es, más de 2.000 millones de euros
anuales, proceden de las industrias culturales, que dan trabajo a casi
30 millones de personas en todo el planeta, el 1 por ciento del empleo
mundial.
En España, de acuerdo con cifras gubernamentales, la cultura representa cerca de un 3,5 por ciento del PIB, con 500.000 trabajadores y unas 7.000 empresas españolas
que viven de ella. Su importancia la reafirma el último y reciente
Anuario de Estadísticas Culturales, que indica que en España se realizan
una media de 19 millones de viajes por motivos culturales. Bien lo
saben en Barcelona, semillero de festivales y citas musicales que atraen
a miles de visitantes.
Y es que la música ruge como uno de los principales motores
culturales. Aún bajo las duras condiciones económicas generales,
agravadas por las circunstancias particulares que vive el sector desde
hace años por la subida del IVA, la facturación de la música en
vivo en nuestro país -según los datos de la Asociación de Promotores
Musicales (APM)- volvió a crecer en 2015, siguiendo la pauta de 2014.
GRANDES EVENTOS EMPUJAN LA FACTURACIÓN
Los 173,5 millones de euros de 2014, un 9,7 más que en 2013 y la primera remontada tras muchos ejercicios de caída, se convirtieron el año pasado en 194,5 millones, lo que representa un 12,1 por ciento más de facturación.
Los expertos lo achacan a la recuperación de las grandes giras
internacionales, especialmente a citas de estadio que despacharon miles y
miles de entradas a precio alto (por ejemplo, los 3 conciertos de
AC/DC), y a la consolidación de festivales.
Mayor facturación, sin embargo, no implica una marcha más boyante del negocio.
Los márgenes que manejan los promotores siguen siendo tan exiguos que
dejan tras de sí beneficios relativos y ponen en riesgo la viabilidad de
los proyectos. Además, el éxito de las grandes citas no debe
esconder que el 80 por ciento del sector, encarnado por promotores y
artistas pequeños y medianos, a duras penas puede salir adelante.
La protección de la cultura es un deber no solo desde la lógica de
los números. “Hacer de menos la cultura de un país es no entenderlo. Los
países más importantes la cuidan muchísimo. Es su identidad. A España
se la conoce más por Picasso que por (Mariano) Rajoy. Se ha fomentado
mucho el deporte, que me parece fantástico, pero querría que también lo
hicieran con la cultura, que es el deporte del cerebro”, opinaba este
mismo año Alejandro Sanz, en una rueda de prensa en la que reclamó la
bajada del IVA cultural del 21 por ciento en el que quedó fijado tras la
reforma fiscal que acometió el PP en 2012.
REDUCIR EL IVA, LA GRAN PRIORIDAD
Está demostrado que el incremento de recaudación fiscal no es necesariamente beneficioso para las arcas del Estado.
En los primeros 12 meses con el IVA cultural al 21%, la recaudación del
Estado derivada del valor añadido aumentó 13,3 millones de euros, pero
los ingresos generados por IRPF, impuestos de sociedades y Seguridad
Social cayeron en 42,3 millones.
Además, conforme al último Anuario de la SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, unos
21,9 millones de personas asistieron a festivales y conciertos en 2014
frente a los 22,8 que lo hicieron en 2013 (un 4 por ciento menos).
Si se analiza la variación desde 2011, el último ejercicio completo con
el IVA al 8 por ciento, el dato es mucho peor: una bajada del 19 por
ciento en asistencia, es decir, casi 5 millones de personas menos en un
sector “muy elástico” y sensible a los cambios abruptos de precios.
“Más allá de cifras, el perjuicio que ha hecho la subida del IVA
radica en el paso atrás que hemos dado a nivel de industria, en la
dificultad para invertir y desarrollar nuevos talentos, en lo poco
competitivos que somos respecto al resto de países comunitarios, en la
falta de circuitos de música por el cierre de cientos salas, en el alto
riesgo al que nos sometemos cada día que programamos un evento, en los
miles de puestos de trabajo perdidos y en lo desesperante que es luchar
contra un gobierno que no entiende el valor de la cultura”, denuncia Pascual Egea, presidente de la junta directiva de APM.
La bajada del IVA es “sin duda” su principal reclamación desde 2012, según afirma Neo Sala, su vicepresidente.
“La APM tiene muchos otros problemas graves, pero la magnitud del
problema del IVA es tan grande que afecta a todo el sector de la música
en nuestro país”, subraya.
Lo suscribe Emilio Santamaría, hasta hace no mucho presidente de la
Asociación de Representantes Técnicos y del Espectáculo, quien critica
el “alarde de histrionismo escénico digno del mejor teatro griego” del
PP en sus vaivenes con respecto al IVA. “De no ser tan trágico sería
cómico”, dice el dirigente de ARTE, que denuncia que la situación del
2015 ha sido prácticamente la misma que en 2014, “porque la condena del
IVA era la misma”.
Sala, coordinador de la histórica jornada de protesta “Un Día sin
Música”, reclama por ello un IVA superreducido (4%) “como el que
actualmente se aplica a periódicos y libros”. “Entendemos que la música
popular, y particularmente la música en directo, no tiene que ser un
producto de lujo accesible por su precio solo a unos pocos”, defiende.
SENSIBILIDAD CULTURAL Y MUSICAL
En línea con esa petición, que se deriva en opinión de APM de una
falta de sensibilidad con la música, la segunda gran reclamación tiene
que ver con la articulación de medidas que proporcionen el lugar que
merecen “todas las músicas, porque todas son cultura”, puntualiza Egea.
El objetivo es llegar a una situación similar a la que existe en países como Francia.
Allí existen leyes que fomentan y protegen la difusión musical e
incluso promueven circuitos regionales o estatales. No es solo que su
IVA grave con un 5,5 por ciento las entradas de conciertos; con sana
envidia se vio cómo el gobierno galo inyectó 50 millones de euros en
ayudas para contrarrestar posibles efectos adversos en esta industria de
los atentados del 13N, uno de los cuales -el más cruento- tuvo lugar
durante un concierto en la sala Bataclan.
La meta deseable para España sería la promulgación de una completa Ley de Música,
como han contemplado algunos partidos, mientras otras formaciones
apuestan por un plan de acción por “efectividad y por acortar plazos”.
Para Egea, “cualquier avance que hagamos será bueno, más allá de estar
en tierra de nadie como ahora”, y cita de paso la necesaria creación de
un régimen fiscal adecuado a la actividad irregular de los trabajadores
del sector y la promoción de un Estatuto del Músico.
“Es necesario que se reconozca el carácter cultural de la música en
directo y de las salas donde esta se ejecuta, así como una regulación
del sector, poniendo nombre y apellido a cada uno de los agentes que
intervienen”, apostilla.
REGULACIÓN DEL SECTOR
Esa es otra reivindicación permanente para mantener a salvo la imagen
general del empresariado serio y riguroso, más aún para evitar males a
los asistentes a conciertos que abarcan desde cuestiones puramente
administrativas o monetarias (con cancelaciones súbitas y sin
explicaciones) o, como tristemente se vio tras la tragedia del Madrid Arena, con consecuencias muchísimo más trágicas.
“La presencia de profesionales acreditados detrás de la organización de eventos debería ser requisito indispensable.
Esta es una actividad que lleva inherente la existencia de posibles
riesgos, con lo que si además la llevan a cabo no profesionales, gente
que no conoce los protocolos de actuación, las consecuencias pueden ser
más que serias”, afirma Keina García.
Una de las soluciones, indica, sería la colegiación del sector. “Al
igual que para editar un disco se pide una licencia que en este caso
concede la SGAE y hay que estar como mínimo dado de alta en el epígrafe
de productor fonográfico, debería ser requisito imprescindible que los
recintos donde se va a realizar cualquier evento musical en directo
exigiesen que quien lo va a realizar sea como mínimo un profesional
acreditado”.
A largo plazo, el futuro de estos objetivos pasaría por la creación
de un título, a través de un programa de formación. En la actualidad
existen grados universitarios que marcan el camino a seguir. El
siguiente paso debe ser la unificación de criterios y creación de un
plan de estudios común.
IMPULSAR EL MECENAZGO
Las esperanzas de los promotores, igual que las de muchos otros
empresarios culturales, estuvieron puestas en la última legislatura en
una Ley de Mecenazgo que nunca se hizo realidad, aunque el PP vendiera que se ha conseguido el 80 por ciento de lo que se proponía.
“En un momento especialmente duro económicamente, en el que las
administraciones públicas han reducido su aportación a la cultura, es
cuando más habría que potenciarse el compromiso de las empresas privadas
con este mundo”, considera el vocal de la junta de APM Albert Salmerón,
por lo que esta debería ir más allá de un mero conjunto de incentivos
fiscales, para tener una dimensión “pedagógica” que fomente la
participación de la sociedad civil.
La Ley de Mecenazgo ideal debería entonces incluir otro tipo de
estímulos, “como puede ser el reconocimiento público del altruismo y de
la condición de mecenas que ayudaría a la motivación de los
benefactores”, subraya.
Esto, añade Egea por su parte, “reduciría la dependencia con el
Estado, liberando partidas presupuestarias que podrían ser utilizadas
para fomentar la cultura menos popular”.
A VUELTAS CON LAS TARIFAS POR DERECHOS DE AUTOR
La falta de recursos de los promotores posee un cuarto foco de
acción, la tarifa que se paga a la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE). Tras 10 años de procesos legales, la Comisión Nacional
de los Mercados y de la Competencia (CNMC) otorgó la razón a APM y
dictaminó que el 10% que se cobraba entonces de los ingresos por entradas del concierto era “abusivo”,
obligando a SGAE a fijar una nueva tarifa “equitativa”. La CNMC
contrastó este porcentaje con el que se cobra en países referentes como
Reino Unido (3%) y Estados Unidos (0,25-1%).
Simultáneamente el último Gobierno aprobó una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
que obligaba a todas las entidades de gestión de derechos de autor a
negociar nuevas tarifas para todas las modalidades de explotación de
estos derechos.
“La SGAE no sólo no ha negociado con los promotores musicales las
nuevas tarifas, sino que está intentando dar por buena una nueva que, en
nuestra opinión, ni responde a los nuevos criterios recogidos en la ley
ni respeta la resolución de la CNM”, denuncia Patricia Gabeiras.
Para Gabeiras, parte del problema radica en la redacción de la Ley de
Propiedad Intelectual. Entre los aspectos positivos, “está la novedosa
relación de los criterios que deben respetarse a la hora de aprobar las
tarifas”, criterios que desde APM se llevan defendiendo desde hace años y
que ya habían sido reconocidos por el Tribunal Supremo y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
No obstante, entre los puntos negativos destaca “la pésima redacción y
técnica legislativa” de la Disposición Transitoria segunda sobre el
sistema para esa aprobación, que “está permitiendo” aprobar de nuevo
tarifas que “no son respetuosas” con dichos criterios.
Es por eso “que se establezca un procedimiento que asegure que las
nuevas tarifas se negocien realmente con las Asociaciones sectoriales,
cumplan con los criterios establecidos en la propia Ley y que, en caso
de no cumplirlas, su revisión pueda ser sometida a un sistema de
resolución de conflictos rápido y efectivo”, no como ahora, mediante
denuncia ante la CNMC y posterior recurso ante los tribunales.
Son las reivindicaciones principales de los promotores, pero no las
únicas. También es necesario crear una única Ley del Espectáculo. Cada
comunidad autónoma tiene la suya y es uno de los principales escollos
para el acceso de menores de edad a salas de música en algunas regiones,
como bien han sabido hasta este año los madrileños.
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